Mis oídos conocieron la radio antes que la escuela, en una comunidad sin energía eléctrica y aislada del desarrollo. La calle principal era polvorienta en verano y fangosa en invierno, las noches eran oscuras todo el año y muy frías en diciembre. Pero, en la mayoría de casas, por muy oscuras, por muy humildes, por muy pequeñas, había espacio para un radio de baterías, que hacía la diferencia.
La voz del locutor que imponía autoridad amable parecía ser la nota positiva del día. Era mágico escuchar alguna mañana, que dejaba de ser cualquier mañana, porque el popular locutor tomaba la palabra y agradecía con nombre y apellido una carta que había recibido, ¿adivine de dónde?: de ese lugar que había sido dejado en el olvido por el alcalde, el gobernador o el Presidente, pero no por el dinámico animador que con alegría daba lectura a la carta de un atrevido (generalmente ‘atrevida’) radioescucha quien había escrito hacía un mes, anticipándose para pedir un saludo de cumpleaños y con ruegos a la creación de que su carta llegara a tiempo para el día de quedar bien con ese ser querido… Era mágico aquel momento en el que los astros hacían posible ese cruce perfecto entre la distancia, la eficiencia del correo y el buen humor del locutor…
Era la década del 70 del siglo pasado, aún el tiempo dorado de la radio en Guatemala, país desde donde se escriben estas líneas. El espectro radioeléctrico solo estaba ocupado en la banda de Amplitud Modulada (AM) y la radio era el medio de entretenimiento por excelencia. Era el modelo que se había establecido por años: La radio aportaba el entretenimiento, los anunciantes pagaban por dar a conocer sus productos o servicios y el oyente pagaba en la tienda por los productos que le anunciaban.
Luego llegó la era de la banda en Frecuencia Modulada (FM) con su mejor calidad y sonido estéreo, que vino a ser la consecución de un sistema de radiodifusión concebido para que funcionara en manos de privados que tenían la libertad de explotar las frecuencias y lucrar con ellas.
Un sistema que el Estado de Guatemala ha cobijado por más de 50 años, que enfocó su mirada en desatar el consumo masivo y se resistió a ver, y menos admitir, que hay otras formas de hacer radiodifusión. Otras rutas, como por ejemplo que las comunidades tengan acceso al manejo y producción de contenidos radiofónicos; que sean de ellas y para ellas. Un sistema que convierta a las comunidades en productoras de contenidos y no solo consumidoras.
¿Ahora bien, esa forma de hacer radio existe en Guatemala? Sí, existe. Hay usufructuarios que, por iniciativa propia, han cedido sus frecuencias para crear espacios importantes a organizaciones de la sociedad civil o a grupos organizados y, al abrir sus canales de comunicación, están permitiendo que las comunidades puedan expresarse. Son radios que cuentan con los permisos de operación y que optaron por asumir un compromiso de responsabilidad frente a sus comunidades.
Una de ellas es Radio Sayaxché, emisora que ha abierto su programación para que las organizaciones de la sociedad civil de este municipio, ubicado en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, puedan tener un medio de difusión y de libre expresión para acercarse a las diferentes áreas en su idioma materno, el Q’eqchi’.
Radio Sayaxché pertenece a la Asociación de Servicios Educativos y Culturales, –Asec–, y forma parte del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica –IGER–, que promueve educación a distancia para los guatemaltecos jóvenes y adultos que no tuvieron oportunidad de asistir a la escuela.
Guatemala es uno de los tres países de Centroamérica que, junto con El Salvador y Honduras, conforman el denominado Triángulo Norte. Es un país de diversas culturas en donde el español es el idioma oficial, pero donde se hablan 25 idiomas. De estos, 22 son de origen maya, además del xinca y el garífuna, que provienen de las comunidades afro que se asentaron en la parte nororiental del país.
El Q’eqchi’ es uno de esos 22 idiomas mayas. El Poqomam es otro de estos.
Radio Qawinaqel es otra emisora que adquirió los permisos de operación en su municipio y logró una frecuencia de radio desde hace 21 años, y se instituyó con el fin de promover la cultura maya Poqomam en el municipio de Palín, en el departamento de Escuintla, en el sur de país. Desde esta frecuencia, Radio Qawinaqel impulsa los valores culturales e históricos de este pueblo maya.
Para la directora, el mayor reto que tiene la radio comunitaria, en general, es seguir apoyando a los pueblos indígenas para la transmisión de su cultura y tradiciones y para que desde la radio puedan expresar lo que sienten.
No obstante, existen decenas de radios que, sin ser reconocidas por el Estado, están emitiendo su señal para sus comunidades, ahora mismo, abordando temáticas importantes como la pandemia causada por el nuevo coronavirus, o advirtiendo a sus comunidades sobre riesgos o cuidados que deben guardarse debido a eventos naturales como las tormentas Eta e Iota, que en octubre de este año 2020 causaron severos destrozos en las zonas Achi’, Kiche’, y Q’eqchi’. Estos medios de comunicación comunitaria operan con temor en sus áreas de influencia donde se hablan estos y otros idiomas, como el Kaqchikel, Mam, Poqomchí, Ixil, y Ch’orti’, por citar algunos, que abren transmisión desde muy temprano de la mañana, acompañan, envían saludos, aconsejan, realizan entrevistas, transmiten programas de grupos de la comunidad, religiosos y culturales, o realizan transmisiones en directo; pero todo lo hacen sin la venia del Estado. Son declaradamente perseguidos por las autoridades, quienes tienen la orden de decomisar el equipo de transmisión y encarcelar a sus líderes y someterlos a juicio.
Para preparar este trabajo periodístico conversamos con la directora de una de las radios comunitarias que es muy escuchada en su zona de influencia en Guatemala, pero cuya identidad reservamos para preservar su seguridad.
Para la directora, el mayor reto que tiene la radio comunitaria, en general, es seguir apoyando a los pueblos indígenas para la transmisión de su cultura y tradiciones y para que desde la radio puedan expresar lo que sienten. El reto es denunciar lo que los pueblos indígenas sufren en sus derechos y ser la voz del pueblo, señala.
Admite que es difícil hacer radio en Guatemala porque los pueblos indígenas están interesados en tener una radio comunitaria, pero necesitan recursos económicos, humanos, técnicos, y un marco que legalice a las radioemisoras.
“Para los pueblos indígenas ha sido muy difícil contar con los equipos técnicos con los que operan las radios comunitarias y lo que sabemos es que el Ministerio Público lo que hace es decomisarlos y detener a las personas que se encuentran en las instalaciones”, afirma.
Sostener la radio es una de las tareas difíciles del día a día, porque se deben pagar varios gastos, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, y las radios no cuentan con el apoyo de empresas o comercios grandes para sostenerse. “Nos enfocamos en la población indígena y en pequeños comerciantes de la localidad. Tenemos prohibido recibir anuncios de empresas grandes. Para nosotros eso no sería delito porque necesitamos el recurso económico para dar mantenimiento al equipo y para las personas que colaboran con la radio”, enfatiza.
El artículo 1 de la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto No. 94-96) que actualmente está en vigencia en el país, indica el propósito de esta normativa: “El objeto de esta ley es establecer un marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones en el sector, fomentar la competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, y proteger los derechos de los usuarios de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones”.
La misma normativa argumenta en su tercer considerando que esta ley se promueve porque: “… dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la legislación en materia de telecomunicaciones y radiocomunicaciones no ha permitido realizar el aprovechamiento y uso del espectro radioeléctrico de manera eficiente y en beneficio de la economía nacional”.
El Decreto Ley 94-96 estableció que el otorgamiento de una frecuencia de radio o de telecomunicaciones, debe realizarse por medio de un sistema de subastas a fin de que el mejor postor gane el derecho a ser usufructuario de dicha frecuencia por 15 años, los cuales serán prorrogables.
Este sistema promovió la libre competencia entre los participantes que poseían recursos económicos suficientes para plantear ofertas que estuvieron, en dólares americanos, siempre arriba de los $12 mil, pero que llegaron a adjudicarse por $50 mil, $75 mil o hasta los $120 mil. Estas cifras no son manejables para la gran mayoría de guatemaltecos, quienes batallan por conseguir apenas el sustento para cada día. La radio, abrigada por los términos de ley en vigencia, ha servido para entretener a las comunidades pero no ha sido un canal que divulgue y viva sus necesidades. Ha sido un medio para la comunidad, pero no un medio de la comunidad.
La radio, abrigada por los términos de ley en vigencia, ha servido para entretener a las comunidades pero no ha sido un canal que divulgue y viva sus necesidades.
Dos marcos legales han regido la labor de la radio en las últimas décadas: una norma que se promulgó en 1966 (Decreto Ley No. 433, Ley de Radiocomunicaciones), y la de 1996 (Decreto No. 94-96, Ley General de Telecomunicaciones), la cual rige hasta la fecha. En ambas normativas el propósito es tácito: depositar en privados el manejo del espectro radioeléctrico. Que este activo intangible del Estado pudiera adjudicarse al sector que lo explotaba incluso bajo la normativa de la Ley No. 433, y evitar que otros actores entraran al club a competir en este mercado.
Es decir, la radio en Guatemala ha sido cedida a usufructuarios privados con poder económico, para que sea explotada comercialmente. Y así ha sido por más de 50 años.
Hay, no obstante, una deuda que el Estado de Guatemala mantiene. En 1996, para poner fin a 418 meses del conflicto armado interno, que dejó 200 mil muertos, el Estado guatemalteco suscribió los denominados Acuerdos de Paz, y entre ellos el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. El documento reconoce que esta nación tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe y entre sus preceptos señala que el Estado se compromete a realizar cuatro acciones concretas. La primera, consiste en “abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en los medios privados”
La segunda acción se refiere al compromiso de: “Promover reformas a la ley de radiocomunicaciones para facilitar frecuencias para proyectos indígenas”. La tercera tiene que ver con: “Promover la derogación de toda disposición legal que obstaculice a los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad”, y finalmente a: “Reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, científicos, artísticos y educativos de las culturas indígenas en sus idiomas por medio de la radio, la televisión y los medios escritos nacionales”. (Capítulo III, Derechos Culturales, inciso H).
En 2016, al cumplirse 20 años de la suscripción de este acuerdo, el Programa Maya -PM- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- publicó el informe Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: Avances y desafíos a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz donde plasma una revisión del cumplimiento de este acuerdo y determinó que, solo en la primera acción, el Estado de Guatemala tomó la iniciativa de ceder la señal del Canal 5 de la televisión abierta a la Academia de Lenguas Mayas, pero con las limitantes de que no tiene asignado ningún presupuesto ni apoyo estatal y tampoco puede contratar pauta publicitaria, como sí lo pueden hacer los otros canales de señal abierta.
TV Maya, como se identifica al Canal 5, efectivamente no ha contado con la infraestructura, presupuesto ni apoyos para desarrollar un sistema de enlace que se convierta en una señal de televisión abierta para el país. Tiene una limitada cobertura y no cuenta con recursos técnicos y económicos que le alcancen para definir una estrategia nacional que impulse la gran riqueza de la cultura y de los pueblos mayas.
En los otros compromisos el mismo informe señala que ninguna acción ha sido implementada (pág. 57 del informe).
Las radios comunitarias no han estado cruzadas de brazos. Asumen el riesgo y se mantienen al aire. Pero también se han organizado y logrado avances, aunque no todos exitosos.
En agosto de 2009 se presentó en el Congreso de la República la iniciativa de Ley 4087, conocida como Ley de Medios de Comunicación Comunitaria que resalta la importancia de democratizar el acceso a la radio en Guatemala, particularmente a los pueblos indígenas. Esta iniciativa fue conocida por el pleno en aquel año, pero fue en enero de 2010 cuando recibió dictamen favorable. No obstante, la ley fue engavetada y fue necesario que la Corte de Constitucionalidad en 2012, tras un recurso presentado, exhortara al Parlamento a dar trámite a esta normativa y así pudiera accionar para que los pueblos indígenas pudieran obtener y explotar bandas del espectro radioeléctrico.
El Congreso desconoció la exhortativa del máximo tribunal constitucional y no fue sino hasta 2016 que se retomó el debate y se conoció el proyecto de ley en segunda lectura. El pleno acordó enviar a que una comisión técnica dictaminara al respecto y ésta, con dos votos razonados, recomendó al Congreso NO aprobar la ley. Así resume la crónica de acontecimientos relacionados con esta normativa el Observatorio de Regulación Latinoamericano de Medios y Convergencia –Observacom–.
[Las radios comunitarias] Siguen operando pese a la pandemia, llevando un mensaje oportuno, un saludo, un consejo, una transmisión en vivo, y migrando a las redes sociales.
Esto ocurrió en 2016 y desde entonces, la ley está en una de las gavetas del parlamento guatemalteco. Desde 1996 a 2020 han transcurrido 24 años y la deuda del Estado en esta materia se mantiene.
El 2020, marcado por la crisis del Coronavirus, ha dejado poco espacio para que las agendas políticas se ocupen de otros asuntos de relevancia social. Antes de la pandemia, varias de las agrupaciones que representan el movimiento de radios comunitarias en el país buscaban alternativas para reavivar el debate acerca de retomar la aprobación de una normativa que honre los compromisos incumplidos por Guatemala en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. No se puede determinar si esas revisiones puedan llegar en el corto plazo, pero mientras tanto, la sombra de la incertidumbre seguirá sobre las radios comunitarias.
No se sabe si los oídos políticos se abrirán a estas propuestas y es incierto si se logren los consensos para que el Estado empiece a saldar acuerdos incumplidos.
Y, sin embargo, muchas de las radios comunitarias, ahora, en este mismo instante, están al aire operando probablemente con equipos mínimos y desafiando los retos que significa estar al aire. Siguen operando pese a la pandemia, llevando un mensaje oportuno, un saludo, un consejo, una transmisión en vivo, y migrando a las redes sociales. Siguen en transmisión y con ello, asumiendo los costos económicos que esto implica y los riesgos de que las autoridades lleguen un día y desmantelen su estructura de operación. Al llegar a una comunidad alejada del urbanismo y el desarrollo en Guatemala, es muy probable que desde un pequeño aparato de radio salgan voces que hablan, acompañan y brindan consejos talvez en un español que no se apegue plenamente a las reglas de la Real Academia, pero que en el idioma de su comunidad son voces inspiradoras y necesarias para aquel que las escucha y así afrontar el día a día.
Es la radio incómoda que los radiodifusores privados ven con recelo y desconfianza. Es la radio que incomoda a muchos porque tocan el corazón de sus comunidades. Es la radio que no existe para el Estado de Guatemala.